El secretario de Estado de Telecomunicaciones, Carlos López, dijo el jueves que el Gobierno aún no ha perdido la esperanza de que Xfera, el cuarto operador con una licencia UMTS, cumpla con todos sus compromisos de inversión en el despliegue de una red propia de telefonía móvil de tercera generación.
"Estamos en conversaciones con Xfera para conocer sus compromisos en prestación de servicios y construcción de red y esperamos que (las conversaciones) acaben pronto y acaben bien", dijo Blanco en un encuentro con periodistas sobre la Ley General de Telecomunicaciones que previsiblemente se aprobará esta tarde en el Parlamento.
Xfera, consorcio controlado por las constructoras ACS y FCC, se adjudicó una licencia UMTS en 2000, pero, salvo el despliegue de varias decenas de estaciones base, no cuenta con infraestructura propia en España y congeló su proyecto el año pasado .
Xfera, al igual que los otros tres operadores de UMTS en España, se hizo con su licencia mediante un concurso, en el que los operadores tenían que garantizar las inversiones necesarias con avales. En el caso concreto de Xfera, el aval inicial ascendió a más de 2.600 millones de euros, aunque se redujo posteriormente a unos 460 millones de euros como consecuencia de un paquete de medidas para aliviar las cargas financieras de los operadores UMTS.
Para 2003, Xfera tendrá que invertir en un principio un total de 135 millones de euros, pero la empresa guarda un hermetismo total acerca de sus planes.
Cesión de espectro.
Blanco explicó que la nueva Ley General de Telecomunicaciones contempla las transmisiones de espectro entre los diversos operadores móviles de tercera generación "para optimizar su uso", pero la normativa excluirá a operadores que no prestan servicios.
"Si Xfera no presta servicio, será difícil que se le autorice a ceder espectro", dijo Blanco.
Trasposición normativa comunitaria
La nueva Ley General de Telecomunicaciones simplificará los trámites administrativos para nuevos operadores y establecerá un régimen de sanciones más estricto en caso de incumplir instrucciones de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT).
La ley incorpora también la normativa comunitaria en esta materia.
Con la nueva norma, cualquier empresa podrá actuar como operador sin necesidad de obtener una autorización administrativa para ello.
En cuanto al régimen sancionador, la CMT puede imponer una multa de hasta 20 millones de euros para operadores con un poder significativo en el mercado (Telefónica, su filial celular Telefónica Móviles, la división española de Vodafone y el operador móvil Amena>) en caso de una infracción muy grave.
Para el resto de los operadores, la multa máxima es de dos millones de euros.
Por su parte, las infracciones graves conllevarán una sanción de hasta 500.000 euros.
Aparte de las sanciones económicas, se prevé la posible inhabilitación del operador que cometa una infracción, y la retirada del mercado de equipos y aparatos que incumplan con los requisitos esenciales.
Por último, la ley regula las competencias de los órganos estatales en este sector. El Ministerio de Ciencia y Tecnología será competente en los aspectos relativos a las obligaciones de servicio público, la protección de los usuarios y el dominio público (como las frecuencias), mientras que la CMT vigilará por la libre competencia y las relaciones entre los operadores.
La nueva ley también debería facilitar el despliegue de las redes de telecomunicaciones móviles de cara al previsto lanzamiento de la tecnología UMTS en 2004.
Los operadores móviles existentes en España advirtieron reiteradamente en el pasado que no podían completar sus planes de instalaciones por la reticencia de los ayuntamientos a autorizar nuevas antenas.
